Desde el viernes 18 de octubre del 2019, los habitantes de Santiago iniciaron manifestaciones
masivas por cuenta del aumento del pasaje del metro por cerca de 30
pesos, lo que dejó el precio máximo del pasaje en 1,19 dólares
aproximadamente.
El aumento para el alza del pasaje, según expertos, se dio bajo el argumento del alza en el precio del dólar y el petróleo. Los manifestantes rechazaron un aumento del pasaje en metro mientras el salario mínimo se mantiene en cerca de 420 dólares, por lo que mensualmente implicaría un gasto de 47 dólares solo en transporte.
El sábado 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera
anunció que retiraría el aumento del pasaje del metro. Sin embargo, las
protestas continuaron.
El mandatario le habló a su país, pidió perdón y anunció un
aumento en las pensiones, la creación de un ingreso mínimo garantizado y de un
mecanismo para estabilizar los precios de la luz.
“Es verdad que los problemas no se han producido en los
últimos días, se venían acumulando hacia décadas. Es verdad también que los
distintos gobiernos no fueron y no fuimos capaces de reconocer esta situación
en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, ya ha significado
una expresión genuina y autentica de millones y millones de chilenos.
Reconozco
esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas”, dijo.
El caos que sacude a Chile durante esta semana, tras un modesto aumento en las tarifas del metro. Los problemas específicos varían en todo América, pero la oleada de protestas, vandalismo y saqueo muestra que la furia es una aflicción de la igualdad de oportunidades.
La cólera en Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Calama, Concepción, Rancagua, Punta Arenas y estas ciudades y otras, hogares de las mejores universidades, sistemas de transporte decentes y la calidad de vida más alta. Alzaron su voz por un cambio social y estructural en su país. Un nuevo Chile, con bienestar económico, social y personal.
Solución: Los gobernantes deben bajar de sus laureles y atinar.
Los chilenos quieren más que ser los más afortunados de un grupo o un lugar para reuniones globales, como la inminente cumbre del Foro Cooperación Económica Asia-Pacífico. Los presidentes de Chile por, más de 30 años no han entendido que Chile, quiere cambios reales.
Los chilenos tienen motivos para estar insatisfechos. Pese a un crecimiento deslucido, el producto interno bruto probablemente se expandirá 2,5% este año y 3% en 2020, muy por encima del promedio regional. La inflación es baja y el desempleo no se ha disparado.
El culpable probable tampoco son las diferencias cada vez mayores, como sugieren algunos. La desigualdad de ingresos en Chile, aunque permanece alta para estándares de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ha estado disminuyendo durante varios años. La pobreza también sigue cayendo.
¿Y la corrupción? Aunque difícilmente exento del soborno y el fraude, los escándalos chilenos parecen modestos en comparación con los que han generado rechazo en Argentina, Brasil, Ecuador y Perú. Chile es la única economía importante de Sudamérica en escapar de la maldición de Odebrecht SA, la gigante contratista brasileña que convirtió los sobornos en una forma de arte latinoamericana.
Sin duda, la democracia chilena tiene fallas, y algunas de sus reformas se han quedado cortas. No obstante, los chilenos son los segundos más optimistas en Latinoamérica por su progreso social, por detrás de los bolivianos, y lideran la región en percepciones de bienestar económico. Solo 16% se considera en una mala posición económica.
Los chilenos tampoco comparten el pesimismo de sus vecinos más malhumorados por la democracia representativa. Casi seis de casi 10 chilenos (58%) aseguran apoyar la democracia, en comparación con el promedio latinoamericano de menos de la mitad (48%). Solo 15% dice que la democracia le es indiferente respecto a otras formas de gobierno. Pese al escándalo en la plaza pública, el país ocupa el lugar 26 entre los 156 países más satisfechos en el último Informe de Felicidad Global de Gallup.
Entonces, si no es la corrupción, ni una economía apagada, ni una brecha cada vez más amplia entre la riqueza y la pobreza, ¿qué salió tan mal para que miles de personas salieran desbocadas a las calles, de modo que el presidente Sebastián Piñera tuviera que declarar un estado de emergencia?
Es aquí donde los problemas de Chile se unen los del resto de la región. De Quito a Santiago, de La Paz a Buenos Aires, los líderes parecen haber quedado rezagados de la sociedad, la cual quiere alivio oportuno para las humillaciones cotidianas y ganancias más apropiadas que las que pueden ofrecer las reformas bien intencionadas.
Aunque a Chile le va bien bajo muchas métricas oficiales, los números no lo dicen todo. "Chile ha mejorado las condiciones de vida en general y ha reducido la pobreza, pero los promedios también esconden cosas.
Persiste la sensación de que dos Chile coexisten con un contraste notorio.
Es aquí donde los problemas de Chile se unen los del resto de la región. De Quito a Santiago, de La Paz a Buenos Aires, los líderes parecen haber quedado rezagados de la sociedad, la cual quiere alivio oportuno para las humillaciones cotidianas y ganancias más apropiadas que las que pueden ofrecer las reformas bien intencionadas.
Aunque a Chile le va bien bajo muchas métricas oficiales, los números no lo dicen todo. "Chile ha mejorado las condiciones de vida en general y ha reducido la pobreza, pero los promedios también esconden cosas.
Persiste la sensación de que dos Chile coexisten con un contraste notorio.
Los chilenos pueden estar cansados de oír que son los mejores entre los peores. El sistema educativo de Chile es una belleza latinoamericana, pero el peor de la OCDE, cuyos logros Chile aún no ha logrado imitar. La innovación y la productividad tampoco llegan a impresionar. La convulsión social que está viviendo Chile y que se ha transformado en protestas violentas en las calles del país, sobre todo en la capital, ha generado una gran sorpresa a nivel internacional. Pero ¿quiénes son los que se manifiestan?
Muchos chilenos dicen sentirse "abusados" por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad "justa".
Pero ¿cuáles son estas "deudas sociales" por las que reclama parte de la sociedad chilena?
1. El sistema de pensiones
El sistema de pensiones que actualmente rige en el país—creado en 1982. Es un mecanismo provisional chileno, suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones.
Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación.
Pero este sistema no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. El modelo no es capaz de entregar "pensiones dignas", y que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso.
2. Salud y desprotección
El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional).
FONASA alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%. Y, aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes.
Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.
Por su parte, en las Isapres los reclamos tienen que ver con el alza de precios de los planes de salud, la baja cobertura, las preexistencias y el acceso restringido a centros de salud.
La gente en salud está muy desprotegida.
Aunque en Chile se han inyectado muchos recursos para mejorar la salud, los resultados no son los mejores.
Esto pasa porque los pabellones no son utilizados todo el día, porque las listas de espera aumentan y por un tema de gestión, faltan y no se controlan bien los insumos, etc.
3. Transporte público: un problema sin resolverse
La red de transporte "transantiago". Se creó hace 12 años con la promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin subsidios estatales. Pero, en definitiva, el "transantiago" tenía problemas de planificación, diseño e implementación, generando un colapso total del transporte público.
Y las culpas políticas de un lado a otro entre los gobiernos de los expresidentes Michelle Bachelet —que puso en marcha el plan—, y el de Ricardo Lagos —que lo creó— no cesaron.
A pesar de varias reestructuraciones, reasignación de recorridos, medidas de contingencia e inyecciones millonarias de inversión a lo largo de estos 12 años, la red de transporte no ha logrado responder de manera eficiente al gran flujo de personas que viaja diariamente dentro de la ciudad.
Largas esperas para abordar buses y el metro, sumado a demoras en los viajes, forman parte de los problemas a los que se enfrenta buena parte de la población.
Su precio es caro: de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.
Hoy, el sistema sigue generando déficit (3.000 millones de pesos en 2018) y sus índices de evasión continúan siendo altos: en el segundo trimestre de este año, el porcentaje de evasión fue de un 25,7%.
Esto explica, en parte, por qué hubo tanto descontento social cuando la administración de Piñera decidió aumentar la tarifa en 30 pesos.
Pero ¿cuáles son estas "deudas sociales" por las que reclama parte de la sociedad chilena?
1. El sistema de pensiones
El sistema de pensiones que actualmente rige en el país—creado en 1982. Es un mecanismo provisional chileno, suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones.
Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación.
Pero este sistema no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. El modelo no es capaz de entregar "pensiones dignas", y que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso.
2. Salud y desprotección
El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional).
FONASA alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%. Y, aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes.
Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.
Por su parte, en las Isapres los reclamos tienen que ver con el alza de precios de los planes de salud, la baja cobertura, las preexistencias y el acceso restringido a centros de salud.
La gente en salud está muy desprotegida.
Aunque en Chile se han inyectado muchos recursos para mejorar la salud, los resultados no son los mejores.
Esto pasa porque los pabellones no son utilizados todo el día, porque las listas de espera aumentan y por un tema de gestión, faltan y no se controlan bien los insumos, etc.
3. Transporte público: un problema sin resolverse
La red de transporte "transantiago". Se creó hace 12 años con la promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin subsidios estatales. Pero, en definitiva, el "transantiago" tenía problemas de planificación, diseño e implementación, generando un colapso total del transporte público.
Y las culpas políticas de un lado a otro entre los gobiernos de los expresidentes Michelle Bachelet —que puso en marcha el plan—, y el de Ricardo Lagos —que lo creó— no cesaron.
Largas esperas para abordar buses y el metro, sumado a demoras en los viajes, forman parte de los problemas a los que se enfrenta buena parte de la población.
Su precio es caro: de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.
Hoy, el sistema sigue generando déficit (3.000 millones de pesos en 2018) y sus índices de evasión continúan siendo altos: en el segundo trimestre de este año, el porcentaje de evasión fue de un 25,7%.
Esto explica, en parte, por qué hubo tanto descontento social cuando la administración de Piñera decidió aumentar la tarifa en 30 pesos.
4. Privatización del agua
Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre varios chilenos es el Código de Aguas.
El modelo de gestión —que fue establecido en 1981— genera polémica en el país sudamericano pues sus críticos dicen que, si bien reconoce el agua como un bien nacional de uso público, establece que los particulares (o privados) puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo.
Además, se alega que es un sistema "absolutamente privado". Públicamente que en Chile no hay sequía sino "saqueo", los privados hacen un "aprovechamiento" del agua de tal forma que termina por desabastecer al resto de la población.
La única forma de solucionar este problema es hacer una reforma a la Constitución Política, derogando el artículo 19 numeral 24, que es el que consagra la propiedad privada.
5. Educación y la movilidad social
La demanda por una mejor educación explotó en 2006 con la famosa "revolución pingüina", cuando estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir mejoras en esta materia.
Y aunque este petitorio está hoy pasando por un momento de poco protagonismo —en parte gracias a que se logró la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población chilena—, la verdad es que expertos coinciden en que aún hay mucho por mejorar en cuanto a la educación en el país.
De esta manera, la educación sigue siendo, para muchos, una piedra de tope para avanzar hacia una mejor calidad de vida.
6. Abusos y corrupción
Colusiones entre empresas para fijar precios de sus productos, evasión de impuestos de grandes compañías y el destape de la corrupción en diversas instituciones son parte de los escándalos que se han apoderado de la portada de los diarios chilenos en los últimos años.
Respecto a la colusión, uno de los casos que generó mayor impacto fue el de las farmacias en 2008.
Según una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, tres grandes cadenas —Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand— se habían puesto de acuerdo en alzas concertadas en los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas.
Lo mismo sucedió en el caso del papel higiénico, donde dos grandes empresas que controlaban la industria —Papeles Industriales (PISA) y CMPC Tissue— se pusieron de acuerdo para fijar el precio de este producto por más de una década en supermercados, farmacias y cadenas mayoristas.
De acuerdo con la investigación, con esta maniobra las empresas ganaron alrededor de US$23 millones cada una.
Tanto la colusión de las farmacias como la del papel higiénico impactó profundamente a la sociedad chilena, pues ambos productos son servicios básicos.
A estos abusos, se suman los casos de corrupción en la política que marcaron la agenda entre 2014 y 2017.
La lista de corrupción siguió en 2018 con el Ejército de Chile, donde se procesó a diversas autoridades por malversación de fondos públicos. Poco tiempo después salió a la luz un fraude en Carabineros, la fuerza policial chilena.
Y así, los empresarios, la clase política, el ejército y Carabineros son algunas de las instituciones que han sido fuertemente cuestionadas en Chile en un período de tiempo no demasiado grande. Y como es de esperar, esto provocó un gran malestar entre la gente.
Estamos en una fase de descrédito acelerada de la política y de las instituciones en general. finalmente lo que incubas es un problema de legitimidad de aquellos que te gobiernan. Hoy casi el 80% de las personas dice que la administración del Estado es "corrupta o muy corrupta".
En Chile, existe una sensación de impunidad muy grande, la población tiene la sensación es que el que es rico y roba, finalmente no paga.
Sí se ha instalado un discurso del abuso, sobre la base de muchas consignas. Tanto la izquierda como sectores de derecha se han subido a un discurso que genera ruptura. Se busca deslegitimizar a las instituciones.
Sea como fuere, tras los días más violentos desde el retorno a la democracia en Chile, la sensación es amarga. Y, mientras no se aborden parte de estas "deudas sociales", los expertos coinciden en que será difícil calmar la "furia" de los ciudadanos.
En un informe reciente, la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) dijo que la calidad de vida ha mejorado para los
chilenos en las últimas décadas y que la disminución de la tasa de pobreza es
mejor que la de Estados Unidos.
Pero hay un abismo entre el 10% más rico y el 10% más pobre
de su población. Según la OCDE, casi un tercio de los trabajadores chilenos
están empleados en trabajos informales o no permanentes, y uno de cada dos
chilenos tiene poca alfabetización.
Muchos chilenos dijeron que están frustrados con el aumento
de los costos de vida, los bajos salarios y lo que ven es un sistema de
pensiones inadecuado.
Región Metropolitana - Viernes 25 octubre de 2019 - "La marcha más grande de Chile".
Esta movilización se da a una semana que desde que inició el
estallido social de manera nacional, que ha incluido que varias regiones del
país se encuentren en estado de emergencia y con toques de queda durante las
noches. Una manifestación pacífica.
OPOSICIÓN Y OFICIALISMO EN CHILE LOGRAN UN HISTÓRICO ACUERDO
PARA LA NUEVA CONSTITUCIÓN.
Tras dos intensas jornadas de negociaciones, de las que sólo
se restó el Partido Comunista, la oposición logró un consenso que abrió la
puerta a un avance hacia un acuerdo con el oficialismo
-superada la resistencia
de la UDI- en torno a la fórmula que se aplicará para elaborar una nueva
constitución política “representativa y democrática”. Esto, a través de un plebiscito
de entrada en el que se harán dos consultas a la ciudadanía: Si desea cambiar
la Carta Fundamental y Bajo qué mecanismo, que implica asamblea constituyente,
en lo que es considerado un hito histórico tras 40 años de la actual Carta
Magna.En lo esencial, el acuerdo base contempla un plebiscito de entrada para que la ciudadanía se pronuncie acerca de si desea o no una Constitución; y una segunda consulta dice relación con el mecanismo que se utilizará para ello, si será una asamblea constituyente (con un nombre que vaya en la línea de asamblea ciudadana, debido a la carga negativa que tiene para el oficialismo el objetivo “constituyente “o una convención constituyente, que implicaría un 50% de asambleístas electos y un 50% de parlamentarios. Estos últimos deberían renunciar a sus cargos en el caso de ser elegidos para integrar la asamblea.
De este modo, se establece en los términos convenidos que el
órgano constituyente elegido por la ciudadanía a través del plebiscito se disolverá
al momento de cumplir su cometido y cuando el texto esté en condiciones de ser
plebiscitado para que la ciudadanía lo ratifique.
Tanto el plebiscito como la elección de delegados se
realizaría con la fórmula de voto obligatorio y un sistema de elección
proporcional.
En abril del 2020, de acuerdo con la programación, se haría
el plebiscito de entrada y el ratificatorio se haría por mayoría absoluta.
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