DECANOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA U. CHILE ALERTAN SOBRE 17 IMPORTANTES RIESGOS E INCERTIDUMBRES DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN -

“Convergencia Transversal”: Grupo de economistas lanza carta que alerta 17 “importantes riesgos e incertidumbres” de la nueva constitución.

En una misiva, cerca de 30 académicos e investigadores enumeraron las áreas de la propuesta que podrían “afectar la estabilidad política y económica del país, y con ello su desarrollo socioeconómico”. Con todo, reconocen que la actual Carta Magna “ha sido sobrepasada por la realidad y su aplicación en reiteradas instancias ha quedado en entredicho".

Siete carillas, diecisiete puntos y cerca de 30 economistas. Son los números detrás de la carta firmada por un grupo de académicos e investigadores, autodenominados “Convergencia Transversal”, en la que los expertos enumeran las áreas que, a su juicio, “podrían generar importantes riesgos e incertidumbres en materia económica, pudiendo afectar la estabilidad política y económica del país, y con ello su desarrollo socioeconómico”.

Diecisiete áreas de preocupación

El primer punto de desacuerdo con la propuesta constitucional dice relación con la eliminación de la "iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materias que implican gasto fiscal". Aseguran que este "mayor poder" en la Cámara de Diputados aumentaría la presión fiscal, poniendo trabas a su disciplina y el control de la inflación.

Entre los principales puntos que el grupo de economistas objeta de la propuesta de nueva constitución, asoman:

• La atribución de entidades territoriales para emitir deuda y recaudar impuestos.

La propuesta de la Nueva Constitución en el traspaso de parte de la responsabilidad fiscal a los gobiernos regionales y locales, sin un control adecuado del Gobierno Central", resultaría en más burocracia del Estado en temas de recaudación y gasto de recursos públicos, generando así "incentivos perversos a la indisciplina fiscal".

Respecto de dichas objeciones, los académicos reconocen que sus diferencias podrían “entenderse salvaguardadas a través del principio de responsabilidad fiscal” que considera la propuesta constitucional, pero evalúan dicha norma como “insuficiente para hacer frente a toda una arquitectura fiscal que abre diversas puertas que presionarán el gasto fiscal”.

•  así como en Seguridad Social.

• La incondicionalidad de derechos sociales frente a la disponibilidad de recursos. 

La propuesta de la Nueva Constitución ha generado "sobre expectativas" en temas sociales, las que no se condicen con los recursos disponibles. Por un lado, señalan que el país podría enfrentarse a la insostenibilidad fiscal, mientras que, de no proveer estos derechos, se provocaría un malestar, "fomentando crisis sociales y políticas".

 

• La creación de empresas públicas regionales y municipales, y otras.

• Uno de los puntos cuestionados fue el mecanismo de compensación en caso de expropiaciones. De acuerdo a los economistas, la indemnización “a precio justo” no entrega claridad “respecto a cómo ni quién lo define y sin garantizar el pago en efectivo, dejando todo a merced de interpretaciones parciales”. 

La propuesta de la Nueva Constitución establece una indemnización por el "justo precio", lo que según "Convergencia Transversal" no entrega claridad respecto a los mecanismos que se utilizarán ni garantiza el pago efectivo, dejando el asunto "a merced de interpretaciones parciales".

• Al respecto, extrañan que la propuesta contemple además la “reparación al daño patrimonial”, una omisión que califican de “voluntaria” y que, según su interpretación, “con ello, la jurisprudencia actual podría no tener efecto”.

"La incertidumbre sobre esta norma se explica porque la actual Constitución establece, junto con el justo precio, la reparación del daño patrimonial, mientras que la nueva propuesta  no. Por lo tanto, se puede interpretar que esta omisión voluntaria apunta a un derecho de distintas características", explicaron en el punto siete.

• Respecto de la caducidad a permisos vigentes de derechos de aguas vigentes, refutan que éstos “dejarían de ser concesiones protegidas por el derecho de propiedad, pasando a ser autorizaciones de uso”, propuesta que para los economistas elimina “la posibilidad de reasignar eficientemente los usos de agua a través de mecanismos de mercado”.

Agregan que “la falta de certeza respecto de los usos futuros de agua impactará negativamente el desarrollo de proyectos agrícolas, de explotación de acuíferos, desalinización y producción que requieran de agua para su operación, tal como lo muestra la experiencia mexicana”, situación que generarán “importantes daños, riesgos e incertidumbres a los actuales titulares y al sector productivo en su conjunto”.

• En tanto, respecto del dominio del Estado sobre minerales, fósiles e hidrocarburos, afirman que la propuesta agrega a esta facultad estatal el poder sobre las sustancias y no sobre las minas y concesiones mineras. 

Rol del Estado y libre competencia.

En la carta se detalla la problemática de un Estado con dominio "absoluto, exclusivo, inalienable e  imprescriptible" de todas las sustancias minerales, fósiles e hidrocarburos, alegando que esto limitaría el derecho de propiedad del productor minero, "desincentivando la exploración y producción de minerales" en el suelo nacional.

De la mano económica, la carta analiza los "riesgos a la libre  competencia" enfocándose en la falta de neutralidad competitiva entre empresas públicas y privadas, las infracciones mal definidas y las investigaciones criminales que podrá iniciar el Ministerio Público ante el TDLC. Esto último eliminaría la delación compensada, lo que defienden como "herramienta clave para la regulación de la libre competencia"

Dicho cambio “podría abrir flancos jurídicos sobre las concesiones mineras vigentes, permitiendo espacios expropiatorios, generando incertidumbre y riesgos en el sector”, lo que afectaría a la inversión privada de manera generalizada.

• A estos puntos, agregan objeciones a la “libertad absoluta” de las Autonomías Territoriales para establecer regímenes económicos y administrativos diferenciados ya que “no estarían sujetos a supe vigilancia ni fiscalización por parte del Presidente de la República”, lo que “significativos riesgos e incertidumbre en materia social, política y económica”.

• Asimismo, retrucan el consentimiento de los Pueblos Originarios por ir “más allá del Convenio 169 de la OIT”, lo que podría traducirse en impedimentos para proyectos de inversión “especialmente en las regiones donde se concentra la población de pueblos originarios, muchas de las cuales se encuentran dentro de las más pobres del país”.
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Respecto al Artículo 191 numeral 2, referido al consentimiento de los pueblos originarios en materias que afecten sus derechos reconocidos en la nueva propuesta a través de una consulta vinculante, expresan que se traduciría en " importantes barreras y riesgos" a proyectos donde se concentra la mayor parte de pueblos originarios.

Además, cuestionan otros puntos como "la imposibilidad de establecer obligatoriamente la resolución de controversias mediante arbitraje legal", la posibilidad de "remoción de consejeros del Banco Central por criterios políticos", que no se proteja "la propiedad intelectual e industrial" o que se establezca una negociación colectiva "por rama de actividad y huelga según decisión de los trabajadores".

La misiva, respaldada entre otros por tres de los últimos cuatro decanos de la Facultad de Economía de la universidad de Chile, José De Gregorio (actual decano y expresidente del Banco Central y exministro), Manuel Agosín y Joseph Ramos; el actual decano de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad Diego Portales, Mauricio Villena; el exsubsecretario de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Micco, y la investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal, comienza estableciendo que la propuesta constitucional, entregada el lunes por la Convención Constitucional, “no representa una mejora en términos de gobernabilidad, estabilidad e incentivos para que cada uno de los actores políticos, sociales y económicos actúen de forma coordinada y cooperativa en favor del bienestar general”.

A ello agrega, respecto de la actual Carta Magna, que ésta “ha sido sobrepasada por la realidad y su aplicación en reiteradas instancias ha quedado en entredicho, lo cual hace indispensable el establecimiento de una nueva constitución que rija en la práctica y posea legitimidad sustantiva de la ciudadanía”.

La carta fue una idea de los economistas Jorge Valverde y Miguel Lorca, ambos exestudiantes de la FEN de la Universidad de Chile, debido a la “preocupación genuina de relevar los riesgos económicos” de la propuesta constitucional.

El texto fue socializado desde la semana pasada entre los académicos, y de esta forma se fueron incluyendo los puntos más complejos de la iniciativa constitucional.

FUENTE: La Tercera //Diario Financiero // emol.com

EDICIÓN: Erika Rojas Portilla