THE ECONOMIST CALIFICA EL BORRADOR DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN COMO UN "DESASTRE DE IRRESPONSABILIDAD FISCAL"

“Deberían rechazar”: The Economist califica texto constitucional de “excesivamente progresista” y “absurdamente largo”

Además, el semanario inglés afirmó que la Constitución actual “no es perfecta” pero al menos “es modelo de claridad” y “funciona”.

“Absurdamente largo”, “fiscalmente irresponsable y excesivamente progresista”, son solo algunos de los calificativos con que The Economist llamó a Rechazar el proyecto constitucional que fue entregado el lunes recién pasado al presidente Gabriel Boric.

En un artículo titulado “los votantes deberían rechazar el nuevo borrador de constitución de Chile”, la conocida publicación inglesa comienza recordando el escenario de protestas que se desencadenaron desde el estallido social y que contenían una serie de demandas en materia de pensiones y salud, situación que habría llevado a muchos a adjudicar “los males de Chile en un solo documento”, la Constitución de 1980.

En vez de aprobar la  nueva Carta Magna, señala, reformar el documento actual entrega mucho mayores garantías de que Chile se mantenga como un país próspero y, sobre todo, gobernable.

Apenas la Asamblea Constituyente concluyó su labor y presentó al presidente Gabriel Boric el borrador de la nueva Carta Magna el lunes, una serie de autoridades y referentes de la política local comenzaron a revelar sus posiciones sobre cómo piensan   votar en el  plebiscito de salida, el 4 de septiembre 2022.

Pero no sólo protagonistas del acontecer nacional están tomando postura. También lo hizo THE ECONOMIST, la influyente publicación británica, que se alineó con los detractores de la propuesta.

En un editorial titulado "Los votantes deberían rechazar el nuevo proyecto de constitución en Chile". el semanario, considerado mayormente como liberal, apuntó sus dardos contra el proyecto, que calificó como "radical y un desastre de irresponsabilidad fiscal".

Aunque reconoce que en el borrador final se evitaron algunas de las peores ideas planteadas en la asamblea y que incluye algunos avance positivos, destaca que el resultado final es "un lío, lleno de lenguaje confuso que garantiza décadas de disputas sobre lo que realmente significa".

“Para ser justos, éste omite algunas de las peores ideas ventiladas en la asamblea, la que estaba dominada por izquierdistas. Esto incluía la nacionalización de todos los recursos naturales (la minería genera el 12% del PIB) y la supresión de la Cámara Alta. El Banco Central mantiene su independencia, aunque se han ampliado sus competencias para incluir ‘la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural’”, indica el texto.

En este sentido, la publicación inglesa se muestra asombrada de que se le asignen derechos constitucionales a la "naturaleza" y hace un recuento de 39 menciones a la palabra "género" en el texto. Las sentencias judiciales, ejemplifica, y el sistema nacional de salud, tendrían que operar con una perspectiva de género, que no está definida.

Impacto económico

Desde el punto de vista económico, señala que el borrador es menos favorable para el crecimiento del PIB y para las empresas. Respecto de los sindicatos recalca que les permite declararse en huelga por cualquier motivo, no solo relacionado con el trabajo y consagra un derecho al trabajo, lo que podría hacer "muy difícil despedir a alguien".

Sobre las expropiaciones, un tema que ha estado en el centro de las polémicas durante la redacción, recalca que "la compensación por la tierra expropiada no sería a un precio de mercado sino al que el Congreso considere justo".

Más allá del impacto sobre el crecimiento, The Economist muestra su preocupación sobre el efecto en el presupuesto fiscal.  "El borrador crea una cartera de derechos socioeconómicos que podría hacer estallar el presupuesto.  Requiere el establecimiento de varios organismos nuevos, como un servicio nacional de salud y un sistema de atención desde la cuna hasta la tumba, sin pensar mucho en cómo serán financiados".

El Estado supervisará la provisión de vivienda, a la que toda persona tiene derecho. La especulación inmobiliaria quedaría prohibida, al igual que la educación con fines de lucro.

Riesgo autoritario

Ya en el ámbito del funcionamiento de las instituciones, el seminario alerta que su eventual aprobación diluye los mecanismos de controles y equilibrios legales entre los distintos poderes del Estado. Así, un nuevo consejo tendría poder sobre todos los nombramientos judiciales, una atribución que ahora recae en la Corte Suprema, el Presidente, la Corte de Apelaciones y el Senado. El borrador, además "da un vuelco al proceso presupuestario al otorgar al Congreso nuevos poderes para proponer proyectos de ley de gastos".

Rechazar para reformar

La publicación admite que la actual constitución no es perfecta y recuerda que ha sido enmendada casi 60 veces. Pero en comparación con su eventual reemplazo, dice, "es un modelo de claridad". Más importante aún, subraya que fue durante la vigencia de la actual Carta Magna que Chile se convirtió en uno de los países más desarrollados de la región, y el PIB per cápita se triplicó desde los 90.

"Con respecto a ese texto señalan: “la antigua constitución chilena no era perfecta. De hecho, ha sido modificada casi 60 veces. Pero comparada con la que se propone sustituir, es un modelo de claridad. Y lo que es más importante, el antiguo proyecto de gobierno funciona. En lugar de desechar la vieja constitución, los chilenos deberían desechar la nueva (...) y el Congreso podría revisarla de forma gradual, por ejemplo, para facilitar la construcción de un Estado de bienestar fuerte".  Este enfoque puede resultar poco inspirador para quienes salieron a las calles en 2019 y 2020. Pero a largo plazo es mucho más probable que haga que Chile sea próspero y gobernable”.,

Este camino, admite, puede parecer menos glamoroso para las multitudes que se volcaron a las calles durante el estallido social de 2019, pero, a la larga, es mucho más probable que haga de Chile un país próspero y sobre todo gobernable. 

FUENTE: Diario Financiero //Publimetro

EDICIÓN: Erika Rojas Portilla.