Videollamadas para reos: Juez Urrutia presenta informe
argumentando e insistiendo en lo resuelto
El magistrado citó normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, entre otras. Por otro lado, denunció haber recibido siete amenazas de muerte por redes sociales.
Un tema que se ha tomado la semana es el de las videollamadas para reos de alta peligrosidad (asociados al crimen organizado, como informó Mega). Y es que la decisión del juez de garantía Daniel Urrutia, que se conoció en medio de la crisis de seguridad que afecta al país, provocó cuestionamientos inmediatos. Según consignó El Mercurio, un recurso presentado por Gendarmería ante la Corte de Apelaciones de Santiago paralizó la orden temporalmente y el tribunal de alzada le pidió esta semana un informe -previo a resolver si correspondía mantener o modificar su autorización- y ayer viernes el magistrado respondió, insistiendo en lo resuelto y explicando sus fundamentos.
Urrutia citó normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, entre otras, que "recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares. Que el ejercicio de este derecho debe darse en condiciones de dignidad, privacidad, higiene y seguridad para ambas partes. Que lo anterior previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento". El informe agrega que "analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones". Además, recuerda, todos son imputados, por lo que deben "ser tratados de acuerdo al principio de inocencia". Sin embargo, Gendarmería en el recurso para impugnar la decisión del juez advertía que el hecho de que estos reos de alta peligrosidad puedan "comunicarse libremente con terceros a través de videollamadas pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada". Ahora, respecto a si se alcanzaron a materializar los contactos, la institución penitenciaria y el Poder Judicial indicaron a El Mercurio que no. El juez denunció a la fiscalía haber recibido siete amenazas de muerte por redes sociales, tras darse a conocer su resolución.
Esto ha sido catalogado
como: “algo fuera de las normas de un recinto carcelario”. Una cárcel de máxima
seguridad tiene protocolos diferentes de un recinto carcelario normal. Por
ejemplo: El contacto de un reo con el exterior debe ser si o si presencial y a
través de un locutorio.
Las críticas primeras
empezaron por gendarmería, ellos interpusieron ante la Corte de Apelaciones,
para que se revocaran estas videollamadas.
Ministro (s) de Justicia
desestima argumentos de Urrutia por beneficios a reos: "Están imputados
por los delitos más graves"Jaime Gajardo señaló que los argumentos
planteados por el magistrado pueden ser relevantes en personas que se
encuentran imputadas por delitos comunes, "pero no respecto a las personas
más peligrosas que tenemos dentro de nuestro país"
El ministro subrogante de
Justicia, Jaime Gajardo, desestimó los argumentos que planteó el juez Daniel
Urrutia para permitir videollamadas y visitas a reos de alta peligrosidad.
Esto luego de que Urrutia
fundamentara su decisión con normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el
Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, entre otras, que
"recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de
comunicaciones periódicas y visitas regulares (…) que lo anterior previene
efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras
dura el encarcelamiento". En el informe que presentó el magistrado agrega
que "analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos
extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se
adoptaron las autorizaciones". Además, recuerda, todos son imputados, por
lo que deben "ser tratados de acuerdo al principio de inocencia". Gajardo,
en conversación con CHV Noticias sostuvo que "aquellos aspectos que señala
el juez Urrutia pueden ser relevantes en personas que se encuentran imputadas o
que están condenadas por delitos que son comunes, por delitos que eventualmente
implican que estas personas tengan alta, mediana o bajo compromiso delictual,
pero no respecto a las personas más peligrosas que tenemos dentro de nuestro
país, que están cometiendo crímenes que tienen un impacto muy importante, pero
que además han puesto en riesgo la seguridad de nuestro país y han puesto en
riesgo la seguridad del país vecino". "No estamos hablando de
personas que sus crímenes sean delitos comunes, sino que son crímenes
organizados, son crímenes que ponen en riesgo la seguridad del país y que por
lo mismo se requiere un régimen especial para mantener a estas personas
aisladas del resto de la población penal", agregó. En esa línea, dijo que
se trata de "personas que están imputadas por los delitos más graves que
establece nuestro ordenamiento jurídico: secuestro, extorsión, mutilaciones,
homicidio, trata de persona, homicidio de carabineros, etc. Es decir, además
sabemos que son los líderes de las bandas criminales a través de las cuales el
Ministerio Público está llevándose esas investigaciones, y estas personas por
lo mismo se encuentran en una cárcel de máxima seguridad". Sobre los
regímenes diferenciados que hay en las cárceles de máxima seguridad explicó que
"Gendarmería de Chile tiene las potestades para establecer regímenes
diferenciados conforme a la peligrosidad de las personas privadas de libertad.
Esto no implica que estas personas no puedan ser visitadas, pero en la cárcel
de alta seguridad y de máxima seguridad - que fue reaperturada después de una
inversión muy importante recursos precisamente para que nuestro sistema
penitenciario tuviera una cárcel que le permitiera alojar a los líderes de las
bandas criminales, pero para desbaratarlos y descomunicarlos del resto para que
estas bandas no sigan operando - tiene un sistema que le permite a las personas
recibir una visita pero a través de un locutorio. Por lo mismo, para mantener
los estándares de seguridad. Esto existe en general en las cárceles de máxima
seguridad en el mundo"
El ministro subrogante de justicia
Jaime Gajardo comenta: Que, si se permitieran estos tipos de videollamadas de encuentros,
es que las personas que están en el exterior pudieran ver el interior de la
cárcel de máxima seguridad, ver elementos
- El juez que habría autorizado videollamadas para reos del Tren de Aragua. Beneficios a reos ligados al Tren de Aragua.
- Cuestionamientos por su llamado a refundar la institución de Carabineros.
- Inhabilitación voluntaria en el caso Pío Nono.
El último de estos hechos es, justamente el mencionado al inicio: Según información de Meganoticias, el juez habría dado ciertos beneficios a cuatro reos en la Cárcel de Alta Seguridad, entre lo que se ordenó la realización de videollamadas con terceras personas a dos internos relacionados al Tren de Aragua.
¿Quién es el juez Daniel
Urrutia?
Daniel David Urrutia
Laubreaux, 48, nació en 1974 en Santiago. Hijo de la profesora normalista
Gladys Labreaux, ha contado que de adolescente lo entusiasmó la historia que
contaban en su familia sobre un general mandado a guillotinar por Napoleón que
habría impulsado la migración de esa rama de los Labreaux a Chile.
“En 1987 llegó un tío en un
trasatlántico al país, desde Nueva Caledonia. Le relató que hubo una vez un
general tercero de Napoleón Bonaparte que fue enviado al norte de Francia a
aplacar una rebelión y él se negó, replicando que estaba para combatir enemigos
de Francia y no a franceses”, consignó El Mercurio el 12 de septiembre de 2021.
“Sus amigos consiguieron cambiarle la pena de muerte por extrañamiento y
confiscación de bienes. Entonces reunió a sus 3 hijos y les dijo que había que
irse. Uno partió a Nueva Caledonia, otro a Argentina y otro a Chile”.
Egresó en 1992 del San
Ignacio de Alonso de Ovalle y entró a estudiar derecho en la Universidad de
Chile, donde su participación política, ha dicho, fue a través de la Iglesia
Católica. “Nunca tuve participación partidista, sino que me acerqué por el lado
de la pastoral; participar en las romerías por la memoria de los detenidos
desaparecidos”, dijo en noviembre de 2020 a Radio Sputnik.
Ingresó el 31 de marzo del
2000 al Poder Judicial, donde lleva 23 años. Fue juez de los juzgados de
Garantía de Freirina (durante 2001); de Ovalle (durante 2003) y de Coquimbo
(durante 2004). En 2006 llegó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde
este miércoles debía encabezar las audiencias de la sala 302.
El 8 de abril de 2004 la
Corte Suprema autorizó a Urrutia, entonces juez de Garantía de Coquimbo, a
asistir a un diplomado en Derechos Humanos. Urrutia aprobó el curso y el 30 de
noviembre de ese año envió a la Corte Suprema su trabajo final, donde proponía
al Poder Judicial adoptar medidas de reparación por su rol en las violaciones a
los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La Corte de
Apelaciones de La Serena aplicó en marzo de 2015 una “censura por escrito” en
su contra, que luego la Suprema bajó a una “amonestación privada” y en 2018
dejó sin efecto, pero presente en su hoja de vida.
La respuesta de Urrutia fue
acusar en diciembre de 2005 una persecución en su contra y acudir a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Más tarde pidió un permiso sin goce de
sueldo, y permaneció en México entre 2009 y 2012. Hizo clases en la Universidad
Autónoma de Chiapas, consignó entonces La Tercera, y generó redes de apoyo a
nivel internacional.
“Manifestamos nuestra
preocupación por la persecución judicial a la que está siendo sometido el juez
chileno Daniel Urrutia Laubreaux, a quien en los últimos 2 años se le han
instruido 7 sumarios administrativos por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago,
afectando la independencia en el ejercicio de su función, por su defensa de los
derechos humanos”, dijo una declaración del 25 de octubre de 2016 firmada por
docenas de personalidades y organizaciones sociales mexicanas, reproducida
entonces por El Mostrador.
El 6 noviembre de 2020 el
tribunal internacional notificó que consideró al Estado de Chile responsable
internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de
pensamiento y expresión y a las garantías judiciales del juez. Resolvió
compensarlo con US$ 27 mil por concepto de daño inmaterial y reembolso de
gastos de litigio, pero rechazó pagar los $110 millones de remuneración que
pedía por los 3 años que estuvo en México y los viajes que hizo a Chile en ese
lapso.
El 25 de marzo de 2020, el
juez Urrutia resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión
preventiva que afectaba a 13 imputados por delitos cometidos tras el 18-O —los
denominados “primera línea”—, por la de arresto domiciliario total. El motivo
que dio: el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles. Se trató de una
medida inédita, que, argumentó, se basó en un acuerdo entre los jueces de su
juzgado, pero que duró pocas horas. El pleno de la Corte de Apelaciones de
Santiago se reunió de forma extraordinaria ese día y revocó la resolución.
Urrutia fue apartado por
varios meses de sus funciones y enviado a un juzgado de cobranzas. También se
abrió un sumario en su contra. En ese contexto se manifestó contra la prisión
preventiva de los presos del 18-O. “La mantención de prisión preventiva en los
casos del estallido social tiene un alto componente político. Por eso yo
sostengo que hay presos políticos. Si hay casos que bajo delitos iguales en
otro tiempo no estaban en prisión preventiva y ahora sí lo están, es sólo por
un tema político. Que por ejemplo son los de desórdenes públicos que vimos
ahora. La prisión preventiva está siendo usada como un castigo para los
manifestantes”, dijo en noviembre de 2020 al sitio Sputnik.
El 23 de junio de 2021 el
pleno del tribunal de alzada anuló su traslado y le permitió volver al Séptimo
Juzgado de Garantía de Santiago.
Ese año se convirtió también
en un impulsor del lenguaje inclusivo. El 15 de julio de 2021 acogió un recurso
de amparo presentado por las entonces convencionales María Rivera (Lista del
Pueblo) y Manuela Royo (Movimientos Sociales Constituyentes), en favor de 11
personas detenidas durante una manifestación cerca de la Catedral de Santiago
en favor de los presos del 18-O. Acusaron que la detención fue ilegal, lo que
fue acogido. La resolución, sin embargo, llamó la atención por su redacción.
“Lxs constituyentes mencionadxs fueron detenidxs por funcionarios de
Carabineros y llevados a la Tercera Comisaría”, dijo el texto, abriendo un
debate.
Su vínculo con la
desaparecida Convención Constitucional —cuya propuesta de nueva constitución
fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022— fue más allá. El 25
de agosto de 2021 expuso ante la subcomisión de marco general de Derechos Humanos
los motivos por los cuales estimaba que el Poder Judicial debía ser refundado,
dichos que luego fueron criticados por la Asociación de Magistrados.
“Muchas gracias a todas,
todos y todes”, dijo al partir su exposición, que realizó con una mascarilla
azul con la estrella mapuche de 8 puntas wuñelfe. “Detrás de cada violación a
los Derechos Humanos, un juez convalidó o se hizo cómplice o encubridora de
aquello”.
El 30 de agosto de ese año
publicó un tuit junto al video de un punto de prensa de los convencionales
Manuela Royo y Rodrigo Rojas Vade (quien luego renunció tras conocerse su falso
cáncer) y otros, diciendo: “Agradecer a les constituyentes y todas las personas
que han apoyado la necesidad de refundar el poder judicial en Chile. No más una
justicia heteropatriarcal machista, colonial, servil a las élites abusivas que
han mantenido a los pueblos sin una verdadera justicia”. El 10 de abril de este
año la Asociación de Magistrados confirmó la censura por escrito que se le
aplicó en primera instancia por sus dichos sobre “refundar” el Poder Judicial.
El domingo 7 de mayo, día de
la elección de consejeros constitucionales, publicó una selfie en la Estación
Mapocho un mensaje que aludía a uno de los bordes del proceso establecidos por
el Congreso: “Por un estado social y democrático de derecho, todxs a bordo”,
escribió en Twitter.
Este miércoles fue un
protagonista inesperado en la causa que busca esclarecer las responsabilidades
penales de la arremetida policial del 2 de octubre de 2020 sobre el puente Pío
Nono, que terminó con el entonces carabinero Sebastián Zamora impactando a un
adolescente de 16 años, que cayó 7,4 metros hasta el lecho del río Mapocho.
Los representantes del ex
cabo Zamora —Vinko Fodic, Alejandro Peña y José Antonio Villalobos— presentaron
a primera hora una recusación en su contra en la Corte de Apelaciones de
Santiago. Acusaron que el martes hubo un cambio de sala por parte del tribunal
que dejó encabezando la audiencia de preparación de juicio oral a un magistrado
con un sesgo en contra de Carabineros.
En el escrito de 13 páginas
recordaron una publicación en Twitter del 6 de febrero de 2021 donde el juez
escribió, en respuesta a la ex asesora de La Moneda Lucía Dammert, que “debemos
disolver Carabineros y reemplazarla por una policía democrática, no militarizada,
comunitaria, profesional y promotora y defensora de los DDHH”.
También citaron otra
publicación suya en Twitter, del 30 de agosto de 2021, donde escribió: “Por una
policía no militarizada, comunitaria, profesional y defensora de los derechos
humanos, a refundar”.
“Del análisis de sus
publicaciones en redes sociales queda de manifiesto que en esta causa el
magistrado Urrutia Laubreaux carece de la imparcialidad necesaria para resolver
las diversas cuestiones e incidencias propias de una audiencia de preparación
de juicio oral”, consignó el escrito. Frente a la recusación Urrutia optó por
retirarse de la sala 302 de manera que otro juez tomara la audiencia. Ésta
continuó con el juez Patricio Álvarez Maldini. Los abogados retiraron entonces
el escrito.
FUENTE: Biobiochile // Emol // Ex-ante //
EDICIÓN: Erika Rojas
Portilla
Juez Urrutia insiste ante la Corte en su polémica determinación de autorizar videollamadas para reos de alta peligrosidad. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirma que “nos parece que esta decisión es completamente equivocada” sobre los beneficios entregados por el magistrado a imputados vinculados al Tren de Aragua y al crimen del cabo Palma. Especialistas cuestionan las “implicancias de seguridad” de la resolución del juez por la naturaleza de los reclusos.
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