Es decir, controlar que el capital humano sea rentable, lo cual es un
objetivo económico que tiene en última instancia un trasfondo social: el
mantenimiento y la creación de puestos de trabajo en las empresas y en el
conjunto del sistema productivo.
A estos efectos, la legislación laboral ha
puesto a disposición de los empresarios facultades directivas y disciplinarias,
derechos relativos a la modificación de condiciones de trabajo, negociación
colectiva de empresa, etc.
