La Marina
mexicana investiga a sus efectivos por desapariciones forzadas.
A partir de
solicitudes de los familiares de desaparecidos en Nuevo Laredo exigen
respuestas tras alerta de la ONU
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| Una manifestación en Nuevo Laredo por personas desaparecidas entre febrero y mayo. Al centro, con una pancarta verde, está Jéssica Molina, quien exige conocer el paradero de su esposo. |
La ONU tiene “fuertes indicios” de que las fuerzas de
seguridad mexicanas estuvieron involucradas en la desaparición de veintitrés
personas en la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado norteño de Tamaulipas.
Veintiún hombres y dos mujeres fueron reportados
desaparecidos de febrero a mediados de mayo, según el alto comisionado para los
Derechos Humanos de la organización, Zeid Ra’ad al Hussein. Organizaciones
locales de derechos humanos han documentado hasta cuarenta casos en el mismo
periodo, según un comunicado.
“Se informó que muchas de estas personas habrían sido
detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida
cotidiana”, dijo Zeid en el comunicado, en el que exhortó al gobierno mexicano
a realizar una investigación a fondo. “Es particularmente terrible que al menos
cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan solo de 14
años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio,
son indignantes”, dijo Zeid.
El gobierno mexicano respondió a las declaraciones de la ONU
con la promesa de enviar a subsecretarios y subprocuradores especializados en
derechos humanos y aseguró que se abrió una investigación.
En el comunicado, las dependencias de seguridad pública
reiteraron “el compromiso irreductible” para “lograr el pleno esclarecimiento
de estos hechos y la identificación de los responsables para que, sin
tolerancia ni distingo alguno, enfrenten las sanciones que en derecho
correspondan”.
Al ser consultada al respecto, la Marina —cuyas unidades
están en el centro de algunas denuncias— refirieron al comunicado del gobierno.
Familiares de las personas desaparecidas dijeron a la oficina de la ONU que
estas fueron “detenidas por personal uniformado” y “miembros de una fuerza de
seguridad federal” durante la madrugada o la noche “mientras caminaban o
manejaban por carreteras”.
Autoridades
en las calles de Nuevo Laredo, en abril
En entrevista, una de las familiares, Jéssica Molina, dijo
que ella y su esposo, José Daniel Trejo García, estaban acostados en su hogar
en Nuevo Laredo hace dos meses cuando “seis hombres en uniformes oficiales de
la Marina” tumbaron su puerta. Molina dijo que no se identificaron, solamente
indicaron que buscaban a alguien llamado Willie. Trejo García nunca ha usado un
apodo o alias que estuviera relacionado, dijo Molina.
Los hombres se llevaron a Trejo García alrededor de la una de
la mañana y ella no lo ha visto desde entonces. Dijo que lo sucedido fue
captado por una cámara de seguridad de vecinos.
La Marina dijo que no podía hacer comentarios sobre
investigaciones en curso.
Las sospechas de que oficiales del gobierno están detrás de
las desapariciones de personas son comunes en México. El Ejército del país ha
sido acusado de cometer violaciones de derechos humanos durante su papel de
combate a la delincuencia organizada a lo largo de la última década.
El enojo sobre los vínculos gubernamentales con
desapariciones forzadas ha sido particularmente grave desde 2014, después de
que 43 estudiantes normalistas fueron detenidos por policías en el estado de
Guerrero, vinculados a un grupo de narcotráfico y delincuencia, y después
—según la llamada “verdad histórica”— incinerados (esto ha sido cuestionado por
expertos).
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Molina habla de la desaparición de su esposo, José Daniel Trejo García, durante una reunión con oficiales.
familias de los desaparecidos, dijo sobre el gobierno: “Nos
dicen que no son ellos, que son criminales que se visten como si fueran de la
Marina”.
“No han comprobado que no son ellos”, añadió, en una
entrevista telefónica el jueves. “En cuatro meses no han arrestado a nadie por
hacerse pasar por una autoridad”.
Aunque la ONU ha documentado veintitrés desaparecidos, Ramos
estima que la cifra se aproxima a 56, entre ellos dieciséis que fueron hallados
muertos “por disparos en la nuca”. “Es una tasa alarmante”, acusó el
comisionado.
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El gobierno mexicano prometió abrir una investigación y enviar a funcionarios encargados de temas de derechos humanos |
Ramos añadió que en 2011 veinte personas también fueron
registradas como desaparecidas después de detenciones por parte de las
autoridades.
El gobierno mexicano estima que unas 32.000 personas han
desaparecido en el país desde 2006 y que muchos de los casos están vinculados a
la delincuencia organizada. Las autoridades usualmente no dan información a los
familiares, como sucedió con el caso de Molina y su esposo.
Después de que los oficiales uniformados se llevaron a Trejo
García, dijo Molina, ella fue a hablar con los marinos. “Me dijeron que no
habían arrestado a mi esposo”, dijo. “Que nunca lo presentaron”. Por eso lo
reportó como desaparecido.
Después de unas semanas, ella y otros familiares de las
personas recientemente desaparecidas en Nuevo Laredo se reunieron con un
capitán de la Marina que revisa casos de derechos humanos.
“Nos oyó, nos escuchó y dijo que iba a investigar las desapariciones”,
dijo Molina. Pero agregó que no se ha comunicado desde entonces.
“Nos tienen que dar respuesta, nos tienen que decir a dónde
los tienen, porque se los llevaron”, dijo, con un sollozo en la voz. “Sabemos
que sigue vivo”.
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