miércoles, 11 de mayo de 2022

HOY UN NIÑO DE 10 AÑOS, ES PARTE DE UNA BANDA DELICTUAL ... ¿QUÉ O QUIENES ESTÁN FALLANDO..?

 Las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta una porción significativa de la población adolescente, eligiendo para ello al sector de los adolescentes que posiblemente manifiesta de la manera más extrema y dolorosa los efectos de dichas condiciones de vulnerabilidad. Nos referimos a la población de adolescentes que se encuentran privados de su libertad por haber cometido infracciones graves.

Los delincuentes son personas que cometen delitos, es decir, que realizan acciones contrarias a lo que establece la ley y el derecho, y que por ellas son penados por el sistema de justicia de cada país, lo que implica el cumplimiento de castigos o sanciones dependiendo de la gravedad de la falta.

Hoy un niño de 10 años, es parte de una banda delictual ..... ¿Qué o quienes están fallando..?

La mayoría de los mecanismos que cuando no existen o no operan de manera adecuada, que deberían haber protegido a estos adolescentes e impedido que llegaran a los extremos que lo han hecho, produciendo graves daños tanto a la sociedad como a ellos mismos. De manera específica, nos enfocamos en el subgrupo de edad de las y los adolescentes que pueden ser sujetos a la privación de libertad cuando han cometido infracciones graves, es decir, a los adolescentes de entre 14 y hasta antes de cumplir los 18 años de edad.

Una investigación sobre el desarrollo del cerebro durante las últimas dos décadas,, ha mostrado que las áreas del córtex prefrontal, responsables de procesar el conocimiento y la habilidad para inhibir los impulsos y sopesar las consecuencias antes de actuar, no se desarrollan plenamente sino hasta la mitad de la década de los veinte años.

Los adolescentes experimentan elevadas emociones y son más vulnerables al estrés y más propensos a reaccionar sin pensar que los adultos. La violencia traumática, en particular, puede retrasar o descarrilar el desarrollo cerebral, dejando incluso a los más inteligentes y resilientes adolescentes con una capacidad severamente disminuida para inhibir los impulsos intensos, demorar la gratificación, anticipar y evaluar las consecuencias de los comportamientos riesgosos o socialmente inaceptables y para tolerar los desacuerdos o conflictos con otras personas.

Los niños y adolescentes expuestos a la violencia, que requieren ayuda desesperadamente, a menudo terminan aislados. En lugar de responder de manera en que se pueda reparar el daño que han sufrido por el trauma y la violencia, la respuesta más frecuente por parte de comunidades, cuidadores y pares, es el rechazo y el ostracismo hacia estos niños, lo que los empuja aún más lejos en sus comportamientos negativos. A menudo estos niños son aislados de sus familias, escuelas y vecindarios y terminan en múltiples hogares y albergues y, en último término, en los centros de internamiento de las instituciones de justicia.

Muchos adolescentes en los sistemas de justicia, parecen enojados, desafiantes o indiferentes, pero, en realidad, se encuentran temerosos, deprimidos y solitarios. Se hallan lastimados emocionalmente y se sienten impotentes, abandonados y sujetos a dobles estándares tanto por parte de los adultos con quienes han vivido, como de las instituciones.

A menudo, el sistema ve a estos niños como carentes de un futuro esperanzador e incontrolable, por lo que suelen etiquetarlos como ‘oposicionistas’, ‘deliberadamente irresponsables’ y, en último término, como ‘intratables’. Lo que parece como un desafío intencional y una actitud agresiva, es a menudo una defensa en contra de la desesperación y la falta de expectativas que la violencia ha provocado en la vida de estos adolescentes.

Cuando el sistema de justicia juvenil responde sólo con castigos, estos adolescentes pueden ser impulsados a formar parte del sistema de justicia penal para adultos, resultando entonces en una pérdida permanente para sus familias y para la sociedad. “Al fracasar en identificar y tratar adecuadamente a los niños y adolescentes que han sido expuestos a la violencia, el sistema pierde la oportunidad para modificar su comportamiento delictivo”.

Aquí, el principal objetivo es exponer y hacer visibles las circunstancias de vulnerabilidad y violencia que han enfrentado los y las adolescentes infractores y la manera como estas circunstancias han afectado sus vidas, haciéndolos más propensos a incurrir en conductas delictivas.


No existe un factor único que pueda explicar los comportamientos delictivos de los adolescentes, sino que invariablemente se trata de un conjunto de factores, cuyo peso específico varía, y que interactúan siguiendo ciertos patrones o trayectorias que es posible trazar y que conducen a ese resultado, para que, combinados, tengan un impacto en la conducta de los adolescentes. Cabe señalar que estos factores pueden asociarse a la pobreza, pero también pueden tener lugar en cualquier otro estrato social.


Este estudio se propuso analizar la situación de las y los adolescentes que se encuentran sujetos a una medida de privación de la libertad por haber cometido infracciones graves haciendo uso de la violencia.

Como lo hemos mostrado, la violencia es un fenómeno complejo que tiene múltiples rostros. El de la adolescencia es solo uno más de ellos, cuya importancia no reside en el número de víctimas, sino en las consecuencias devastadoras que la violencia tiene para su futuro y el de la sociedad.


La conducta de los adolescentes constituye una reacción, una respuesta a las circunstancias que encuentran en su entorno y a las que les ha tocado vivir dentro del ámbito de sus relaciones más próximas. “Los adolescentes no maduran en el vacío, sino en un contexto social complejo. Su comportamiento es el resultado de interacciones entre las influencias que reciben en su entorno, y su proceso de desarrollo emocional, psicológico, cognitivo y cerebral” (MacArthur 2015:12).

Como lo subrayan los estudios más recientes, la adolescencia es un periodo volátil y transitorio de la vida. Los adolescentes, por naturaleza, actúan de manera impulsiva, toman malas decisiones, toman riesgos y piensan poco en las consecuencias de largo plazo.

Siendo así, de manera natural casi todos los adolescentes maduran y salen de este período transitorio y pasan a ser adultos sin volver a tener contacto con las instituciones de justicia.

Sin embargo, no debe desdeñarse el hecho de que los jóvenes que han pasado por la justicia, cargan con un estigma social y encuentran barreras para continuar estudiando o para trabajar.

No obstante, lo que requieren es precisamente educación, empleo, una familia o grupo de apoyo, una vivienda estable y la posibilidad de participar en la vida comunitaria.

Todo ello les permite adquirir los conocimientos, habilidades y experiencias, así como la madurez psicológica que les posibilite transitar sanamente a la edad adulta (MacArthur 2015:34).

Cuando los jóvenes consideran que han sido tratados de manera injusta, están menos dispuestos a colaborar con el sistema de justicia y con las autoridades en general y pueden continuar con esta actitud incluso en la vida adulta. De hecho, han quedado traumatizados por su contacto con las instituciones de justicia. Esto es especialmente dañino para quienes ya habían sufrido otros traumas o habían experimentado situaciones de exclusión (MacArthur 2015:29).

Las instituciones de internamiento carecen de los medios, la orientación, los profesionistas especializados, los programas idóneos y de la atención integral que estos adolescentes requieren para poder sanar y para poder asumir su responsabilidad. Más grave aún, se carece de la visión y de la voluntad políticas para dotar a estos centros de los medios indispensables que requieren para cumplir con sus objetivos.

Ello deja en claro el poco interés y el poco valor que, los responsables de las políticas de seguridad y de justicia, asignan a que los y las adolescentes de los sectores marginados puedan superar esta condición y participar como miembros de pleno derecho en la sociedad. Como lo expresó el reciente Informe sobre la adolescencia de Save the Children: “El ejercicio pleno de los derechos de las y los adolescentes no es un accidente, es el resultado de la toma de decisiones que excluye a un grupo de la población por diseño y/o negligencia. Vivimos en un país en el que las decisiones de las y los adolescentes están influenciadas por los contextos de pobreza, desigualdad, discriminación, violencia, falta de oportunidades, desigualdad de género y otras barreras culturales” (2016).

 Recomendaciones:

1) Prevención
Es preciso que todas las instituciones que tienen alguna responsabilidad relacionada con este sector de la población, en los diferentes ámbitos y niveles de gobierno (salud, educación, trabajo, deporte, cultura, protección, seguridad, justicia, etc.), diseñen y ejecuten los programas correspondientes para cumplir con las disposiciones que esta Ley establece.

Algunos de los párrafos de estas disposiciones que conviene destacar, son:

 “La prevención social del delito tiene como pilares fundamentales la cohesión, la inclusión y la solidaridad sociales, así como la obligación de todos los ámbitos y órdenes de gobierno de garantizar que las personas adolescentes puedan desarrollarse en un ambiente de respeto y garantía efectiva de todos sus derechos, desde un enfoque holístico y no punitivo” (Art. 252).

 Combate contra la pobreza, la marginación social y la exclusión”.

2) Políticas públicas

 Mejorar la cobertura y la calidad de la atención que brindan las instituciones de protección a la infancia, para asegurar que no haya ningún niño, niña o adolescente en el país que viva en la calle o en situaciones de abandono, negligencia, maltrato y/o abuso sexual por parte de su familia.



FUENTE: Informe Especial "Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia" (cndh.org.mx)

EDICIÓN: Erika Rojas Portilla

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