Expertos dicen que estos contactos en entidades públicas son “la etapa clave” y el “objetivo primordial” de este tipo de delincuencia. Si se pasa cierto “umbral” de corrupción, agregan, “no hay vuelta atrás”.
Especialista en seguridad afirma que las redes delictuales “no pueden seguir creciendo si no corrompen las entidades encargadas de controlarlas”. Martín Verrier, secretario de Lucha Contra el Narcotráfico de Argentina: "El crimen organizado se transformó en nuestra región y pasó a ser una amenaza a la seguridad nacional".
Los secuestros han aumentado en un 28% respecto del primer semestre del 2024, según Héctor Barros, fiscal jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, cifra que grafica cómo el crimen organizado ha permeado en el país. Sin embargo, para investigadores en la problemática, aunque el problema ha crecido, Chile presenta una institucionalidad sólida y debe trabajar tanto en la prevención como en la persecución para frenar el fenómeno.
El secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, es solo uno de los hechos vinculados al crimen organizado que ha encabezado los titulares en el último tiempo. A este se suma la formalización de militares por tráfico de drogas y asociación ilícita, así como la remoción del fiscal de Rancagua, Jorge Mena, por presuntos vínculos con el narcotráfico, solo por mencionar algunos.
Tras estos hechos, el fiscal jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, entregó cifras sobre el incremento de los secuestros en la Región Metropolitana: "El secuestro ha aumentado en un 28% respecto de los secuestros que tuvimos el primer semestre del año recién pasado, y estamos teniendo durante este mes más secuestros que homicidios incluso, y eso es lo que nos tiene particularmente preocupados".
Y agregó que entre las cifras que más generan alerta están que "el año pasado y antepasado, el porcentaje que teníamos era: 80% homicidios y 20% secuestros. El día de hoy tenemos 60% homicidios y 40% secuestros, lo que siempre buscan son los mercados ilegales".
Detectan un termo con 400 gramos de droga en puesto de vigilancia fronteriza del Ejército. En un basurero de las instalaciones pertenecientes a la base de control fronterizo en Colchane, el Ejército encontró un termo de comida en cuyo interior había 400 gramos de pasta base de cocaína en ovoides.
Según comunicó la Jefatura de Fuerza Fronteriza del Ejército, el termo con la droga “habría sido abandonado en un camión institucional durante un operativo de traslado de migrantes irregulares y posteriormente desechado en el basurero de la instalación militar”. Si bien las cifras alertan sobre un aumento del crimen organizado y sus métodos, Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro UC Justicia y Sociedad e investigador del Núcleo Milenio de Complejidad Criminal, aseguró que, aunque es difícil conocer la magnitud de la situación —ya que el crimen organizado busca no dejar rastros ni huellas—, hay hechos que claramente grafican un problema: "Podemos hablar de una tendencia que empeora, pero no de una realidad objetiva respecto de la penetración del crimen organizado en el Estado. En otras palabras, algo ha empeorado, pero no sabemos cuánto ni dónde, solo podemos tener algunos indicios”, indicó Carvacho.
Respecto de la penetración del crimen organizado en el Estado, Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Centro UC Justicia y Sociedad y del Núcleo Milenio de Complejidad Criminal, concuerda en que, a pesar de que se está experimentando un aumento en los delitos relacionados con el crimen organizado, el país ha mostrado fortaleza institucional.
“Chile, en general, cuenta con una institucionalidad bastante sólida. Las bandas criminales que han tratado de ingresar al país, en general, se han desbaratado. Los secuestros, a pesar del aumento que vimos recientemente respecto de los secuestros extorsivos, son elementos que se tienen bajo control, que en general se resuelven. Es decir, yo creo que no se ha expandido más rápido debido justamente a la fortaleza institucional que tiene Chile”, explicó Droppelmann.
¿Cómo logró el crimen organizado establecerse en Chile?
Si bien el país aún presenta un Estado de derecho en forma y se ha mostrado resiliente frente a la entrada de redes criminales más complejas, Pablo Carvacho dijo que "en ese sentido, el Estado de Chile se vio desprevenido frente a un fenómeno que pensaba que sera ajeno a nuestra realidad”.
Para poder entender la expansión del crimen organizado, hay que considerar una serie de factores, comentó Catalina Droppelmann. Entre ellos, el hecho de que se trata de un fenómeno global que depende de situaciones que ocurren en otros países, además de Chile.
“Un ejemplo claro es la migración, que ha aumentado no solo en Chile o hacia Chile, sino que, en general, es un fenómeno que se está expandiendo en el mundo. Otro elemento importante tiene que ver con la globalización, con los avances de las tecnologías, con el aumento del mundo digital y del ciberespacio como un lugar que también abre oportunidades a la expansión de mercados ilegales. En Chile hay elementos un poco más particulares que tienen que ver con la zona fronteriza, lo que claramente facilita también el tránsito de drogas y de los mercados ilegales, así como su penetración”, mencionó la experta.
Prevención y persecución
Quienes se ven más afectados por el crimen organizado —y por la delincuencia en general— son las poblaciones más vulnerables. Y es que los lugares socialmente excluidos presentan mayores tasas de victimización, fenómeno que ocurre en todo el mundo, explicó Catalina Droppelmann.
Gonzalo Yuseff: "Hay un crimen organizado con un componente político que no podemos dimensionar aún"
En Chile hay una enorme preocupación por el crimen organizado y la capacidad del narco para comprometer y horadar a las instituciones. Manejan mucho dinero, mucho poder, muchos recursos.
Pacifican algunos territorios.
El presidente Gabriel Boric se reunió con los vértices de las Fuerzas Armadas, justamente por los casos en que miembros de estas ramas han estado involucrados con el narco. El invitado de la última edición de la entrevista de Tomás Mosciatti es Gonzalo Yuseff, abogado, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, con quien conversamos de la penetración del narco, de la tramitación de la Ley de Inteligencia, que ha demorado mucho, pero parece que avanza y otros temas. "El crimen organizado está permeando la sociedad desde distintas perspectivas y se nutre de instituciones existentes. La capacidad de penetración es muy grande" asegura el abogado. "Tenemos unas Fuerzas Armadas que pueden tener todas las virtudes que queramos, pero no son inmunes al dinero, a la extorsión, a ser objeto de operaciones de inteligencia que los terminan envolviendo. Habiendo dinero todo esto es posible".
¿Cómo poder proteger a las policías, el problema del control de armas, lo que ocurre con la justicia, el reforzamiento de los mecanismos de control y el rol de los políticos para buscar una solución, fueron algunos de los temas abordados?
Chile cruzó un nuevo umbral del crimen organizado.
Chile acaba de cruzar el umbral que separa a los países que “observan” el crimen organizado de aquellos que lo padecen en el corazón de sus instituciones.
Durante años, los analistas de seguridad repetimos que la mayor ventaja estratégica de Chile era la impermeabilidad relativa de sus fuerzas armadas, la baja letalidad delictiva y la ausencia de clanes capaces de imponer terror sistemático.
Esa narrativa se quebró esta última semana: seis suboficiales de la II Brigada Acorazada fueron detenidos con 192 kilos de cocaína que habían ingresado desde Bolivia; la Policía de Investigaciones descubrió, en Linares, la primera “casa de tortura” concebida y operada por una organización chilena; y el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, fue secuestrado y extorsionado bajo amenazas de ejecución. Cada uno de estos hechos sería, por sí solo, un golpe a la confianza pública.
Juntos revelan que la profesionalización criminal ya no es un riesgo futuro, sino un presente en plena expansión.
NARCOMILITARES: EL UNIFORME COMO PASAPORTE ILÍCITO
El operativo del OS-7 que terminó con los seis militares detenidos mostró la gravedad de la infiltración: no se trató de conscriptos tentados por dinero fácil, sino de suboficiales con entrenamiento logístico y acceso a rutas de abastecimiento que conectan Tarapacá con la Región Metropolitana.
En total, Carabineros incautó droga avaluada en 3 mil millones de pesos y tres vehículos de apoyo. La penetración del narco en la cadena de mando no es una anécdota aislada; es la confirmación de que los cárteles transnacionales han entendido dónde reside el verdadero “cuello de botella” de la seguridad fronteriza: en la disciplina militar.
Una vez que la corrupción salta la valla de los puestos de avanzada y se instala en las unidades con blindados y comunicaciones tácticas, el efecto multiplicador resulta devastador. Manuales recientes del Comando Sur de EE. UU. describen ese fenómeno como narco-captura: cuando la logística, la inteligencia interna y el armamento del Estado terminan al servicio, activo o pasivo, de las redes criminales.
México tardó años y un costo humano insoportable en reconquistar parte de los territorios que perdió después de 2006; Brasil aún batalla contra las “milicias” que surgieron de la connivencia entre policías y narcos en Río. Chile, si no reacciona ya, podría mirar su propio espejo en esos precedentes.
LA TORTURA SE VUELVE "LOCAL"
Tres días más tarde la PDI irrumpió en una parcela de Linares y halló celdas insonorizadas, grilletes empotrados y restos de sangre. Detrás de la escena estaba Andrea Allende, apodada “La Reina del Sur”: una líder que adoptó la arquitectura del terror practicada por el Tren de Aragua y los cárteles mexicanos, y la puso al servicio de un clan chileno.
Si durante la primera ola migratoria irregular (2021-2024) la violencia extrema era un “producto importado”, hoy asistimos a su nacionalización: la clandestinidad, la disciplina interna y el uso de la tortura como mensaje para el submundo se fabrican, literalmente, con mano de obra y logística locales.
El impacto es doble. Primero, el umbral de violencia aceptable se desplaza; lo que antes chocaba con la sensibilidad social empieza a percibirse como parte del paisaje noticioso. Segundo, la policía enfrenta una forma de criminalidad que no teme exponerse, que filma sus castigos, los difunde, porque sabe que acepta la lógica de la disuasión por terror.
Es la misma mutación que en Colombia convirtió a las casas de pique de Buenaventura en centros de poder más temidos que cualquier comisaría.
SECUESTRO POLÍTICO: LA MARCA DE LA INSURGENCIA CRIMINAL
El secuestro del exalcalde Montoya cerró la semana con otra señal inquietante. Sus captores exigieron un rescate inicial de 50 millones de pesos y amenazaron con “20 disparos” si la familia no pagaba.
En América Latina, el salto del secuestro “económico” al secuestro “político” marca el tránsito de lo puramente lucrativo a lo estratégicamente subversivo. No importa tanto el monto final, el pago habría bajado a 1,4 millones, como el mensaje de que ninguna figura pública está fuera de la mira.
Aunque la víctima porta el título de exalcalde, su captura responde menos a ese antecedente público que a las redes opacas que ya lo conectaban con el grupos criminales. Y aquí se fractura el verdadero umbral: el caso demuestra que secuestrar a alguien puede ejecutarse con rapidez y resolverse por un rescate reducido.
La conclusión para los secuestradores es que el negocio se está aprendiendo y es lucrativo. Tras esta prueba de mercado, la tentación de ampliar el “mercado” a personas ajenas al ecosistema del delito aumenta.
EL HILO QUE LOS UNE
Detrás de las tres rupturas subyace un solo proceso: la transferencia acelerada de capacidades. Los narcos aprenden a infiltrar logística militar; los clanes asimilan protocolos de tortura importados; los secuestradores aplican manuales de negociación testados en Venezuela y Colombia.
El crimen organizado está en plena curva de aprendizaje, mientras el Estado chileno parece cursar, a duras penas, el nivel introductorio de contrainteligencia moderna.
Los países que reaccionaron tarde, como Colombia en los 90, México tras la “guerra” de 2006, terminaron atrapados en ciclos de violencia que erosionaron su PIB y su vida democrática.
Los que actuaron rápido, como Italia con el maxi-proceso contra la Cosa Nostra, España con los GAL anti-ETA, incluso Brasil con la creación de la Fuerza Nacional, aplicaron tres principios: revisión de antecedentes implacable de fuerzas de seguridad, fusión de inteligencia civil y militar, y legislación extraordinaria de decomiso y juzgamiento. Nada de eso es simpático en un Estado de derecho, pero la experiencia demuestra que la alternativa, es decir la coexistencia, resulta más costosa en vidas, inversión y confianza.
HORA DE ELEGIR
Chile dispone todavía de una ventana estratégica: la infiltración está detectada, las rutas de la droga mapeadas y los actores identificados. Pero la oportunidad se mide en meses, no en años.
Una respuesta creíble exige, de inmediato, auditorías patrimoniales anuales en las fuerzas armadas, un centro nacional de inteligencia (rol que corresponde a la ANI) con foco directo a las operaciones de Bolivia y Perú, y una ley que tipifique la tortura con fines de crimen organizado como delito autónomo y proporcionalmente sancionado.
Sobre todo, requiere voluntad política para admitir que el país ha cambiado: la violencia ya no es un fenómeno de “zonas rojas”; es una ecuación geopolítica donde Chile ha dejado de ser retaguardia.
Si el Estado no se re-profesionaliza al ritmo en que el crimen se profesionaliza, la línea que hoy divide la seguridad pública de la seguridad nacional se desdibujará por completo. Y entonces, cuando miremos hacia atrás, constataremos que el momento de actuar eran aquellos siete días vertiginosos de 2025 que, por incredulidad o comodidad, dejamos pasar.
PELIGRO: Puerto en peligro por droga: Químicos generarían explosiones, daños a la salud y al ecosistema.
Concluyendo: Militares en el narcotráfico: crónica de un desastre anunciado.
Hace cinco años, el gobierno del expresidente Piñera anunció que militarizaría la frontera para combatir el narcotráfico. En estas mismas páginas, dijimos que la medida sería inútil respecto al contrabando y respecto al consumo.
Caso FACh: ¿Militares y policías son vulnerables al narcotráfico? La agenda noticiosa de los últimos días ha estado marcada por la participación de diversos grupos de militares y carabineros en el negocio del contrabando de drogas.
Ante ello, se repite que Chile requiere más y mejor capacidad de inteligencia y contrainteligencia, entendida en términos militares. Quienes lo dicen tienen mucha razón. Pero ello supone también, en forma previa, haber sido capaces de aplicar al análisis de nuestros problemas y al diseño de nuestras políticas esa inteligencia natural, cruda y sin apellidos, cercana al sentido común. Esa inteligencia que nos permite, por ejemplo, no comer vidrio.
Hace cinco años, en estas mismas páginas, advertíamos que el negocio del contrabando se estaba haciendo más lucrativo (y más peligroso) por las acciones del Estado. Anticipamos también que en ese escenario, los esfuerzos del narco por corromper e intimidar a un número suficiente de altos agentes del Estado serían exitosos.
Dijimos que con la militarización del control solo saldrán del mercado los traficantes aficionados: el agricultor de Parinacota, el universitario inmaduro, el camionero oportunista. Con una demanda de drogas inelástica y creciente, una frontera asaz extensa y porosa, y un superávit de personas dispuestas a correr el riesgo para hacerse millonario en cosa de horas, el negocio solo cambiaría de protagonistas.
¿En manos de quién quedaría? En manos de los más audaces, temerarios y organizados, que junto con beneficiarse con un alza de los precios, se verían obligados a aumentar su capacidad militar y su poder de corrupción. ¿La manera más fácil y económica, menos sangrienta y menos riesgosa? Lo más inteligente y razonable: la alianza con agentes del Estado.
Pero los capos piensan como cualquier empresario. Y aunque los dineros producidos por el narcotráfico son abundantes, no dan para todos. La corrupción debe ser específica, mínima y discreta. Se deben reclutar especialistas en logística y operaciones encubiertas, en pasos fronterizos, armas y radares; en comunicaciones encriptadas e inteligencia.
Personas con buenos vínculos con las policías, fuerzas armadas y aduanas. ¿Dónde es el único lugar donde encontramos en Chile este tipo de profesionales? Lo sabemos hoy tan bien como hace cinco años.
Solo que hoy ya es noticia.
Pronto habrá elecciones, y los temas de seguridad serán parte de las promesas de campaña: buen momento para dejar de lado la ingenuidad y el populismo (dejo de momento fuera el dolo, hasta que no se pruebe lo contrario).
El problema sanitario del consumo es por sí solo bastante grave como para sumarle, además, la incompetencia y complicidad pasiva de nuestras autoridades. Cuando están en juego vidas humanas y la integridad de las instituciones más importantes de la república, debemos ser serios.
FUENTE: Diario UChile // Emol // Pontificia Universidad Católica de Chile // Ciper // El mostrador //
EDICIÓN: Erika Rojas Portilla
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